Repudio a la decisión del Gobierno Nacional de retirar la denuncia contra Venezuela

En su sesión del 20 de julio, el Honorable Concejo Deliberante reprochó firmemente la decisión del presidente Alberto Fernández. El reclamo remite a que, a fines de marzo de este año, la Argentina retiró la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad contra el régimen chavista de Nicolás Maduro, en Venezuela. Simultáneamente el gobierno tomó la decisión  de abandonar el Grupo Lima, ya que según el comunicado oficial de la Cancillería Argentina, consideran que: “Las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Según el diario RT, que tuvo acceso al comunicado de la cancillería argentina: “El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”.

La declaración aprobada por el Concejo Deliberante de Guaymallén afirma que venezolanos que residen en Argentina, en especial jóvenes, sostienen que se vieron obligados a huir por la “catástrofe” económica, la crisis social y por el autoritarismo de Nicolás Maduro en búsqueda de una vida mejor.

La declaración también sostiene que “según informes de dominio público, se ha demostrado que los delitos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes estatales de Venezuela, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.  Los actos realizados por las fuerzas armadas y los grupos paramilitares denominados “colectivos” se fundan en la violencia, torturas y violaciones, acciones utilizadas con el fin de aterrorizar al pueblo venezolano”.

En un informe difundido por la ONG de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, se denunció que en Venezuela se producen homicidios ilegales, episodios de tortura y desaparición forzada de personas. También criminalización, juicios injustos y detención arbitraria a periodistas y opositores.

El documento también relata que se han detectado agresiones contra dirigentes opositores al régimen, patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles. No obstante, la violencia indebida y desproporcionada ha alcanzado a todas las personas que critican las medidas del Gobierno de Maduro.

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